El bolsillo del contribuyente vuelve a estar en el punto de mira. Se estima que las arcas públicas dejan de ingresar alrededor de 60.000 millones anuales vía beneficios fiscales. La AIReF ha analizado trece de esos incentivos, con un coste próximo a los 35.000 millones para el erario público (el 60% del total), y ha llegado a la conclusión de que si bien la mayoría cumple el objetivo para el que fueron diseñadas, algunas bonificaciones importantes son “regresivas” y deben ser revisadas, reformuladas e incluso suprimidas. Así se desprende del informe presentado ayer por la AIReF en el marco de la segunda fase del Spending Review comprometido con la UE, en el que se consideran necesarios retoques de mayor o menor calado en incentivos que suman al menos 23.000 millones.
De los 35.000 millones analizados por el órgano fiscalizador, la parte del león corresponde al IVA reducido y superreducido, que detrae 17.786 millones a las arcas del Estado y que, según el estudio, no cumple su objetivo de “forma eficiente”, ya que aunque de esta medida se benefician todos los hogares, favorece especialmente a las rentas más altas, que tienen mayor capacidad de consumo. La AIReF calcula que un 30% de los 12.463 millones que el Estado deja de ingresar por el IVA reducido en alimentación y bebidas, restauración, transporte, hostelería o productos oftalmológicos, entre otros, se concentra en los hogares con mayores rentas, umbral que el informe sitúa a partir de 40.000 euros.
En este sentido, la Autoridad Fiscal aboga por revisar al alza los tipos reducidos del IVA de forma gradual “y acompasada con la recuperación de la economía” para “mejorar la eficiencia distributiva del impuesto en relación con aquellos bienes gravados actualmente a tipos reducidos que consumen fundamentalmente las rentas altas”.
No obstante, para evitar que esta eventual subida, en un contexto en el que la recuperación de muchos de los sectores a los que afectaría, como restaurantes, transporte, hostelería, u ocio y cultura, se atisba aún lejana, impacte sobre los hogares de rentas más bajas, el organismo fiscalizador pide al Gobierno medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables que garanticen un mejor acceso a esos bienes. El informe resalta que mientras que España tiene un 32% de su gasto a tipos reducidos, en Alemania ese porcentaje es del 18%.
Planes de pensiones
El mayor varapalo en el dictamen de la AIReF es, sin embargo, para los sistemas de previsión social, lo que ha disparado las alarmas en el sector (ver información adjunta).
El organismo que preside Cristina Herrero, califica de “regresiva” la desgravación de 8.000 euros de la que se benefician las aportaciones a los planes de pensiones en el IRPF, que representa un impacto de 1.643 millones de euros anuales para la recaudación tributaria y que, según la institución, no cumple con su objetivo de incentivar el ahorro a largo plazo como complemento al sistema público de pensiones. Los incentivos son poco atractivos para las rentas altas y aunque sí lo son para las rentas bajas, éstas no pueden permitírselo, sugiere el documento.
Es prácticamente el único incentivo que, según la AIReF, incumple totalmente su objetivo, ya que el resto sí lo hace, aunque sea parcialmente. Por ello, plantea la “reformulación completa” de este beneficio fiscal en el marco del Pacto de Toledo. Todo un golpe en la línea de flotación de los sistemas de previsión social privados, que en España no acaban de despegar.
Tributación conjunta
En su revisión de beneficios fiscales, el organismo fiscalizador aboga por acelerar la desaparición de las reducciones por tributación conjunta (3.400 euros para matrimonios que decidan efectuar una única declaración de la Renta), medida que tiene un coste fiscal de 2.393 millones anuales y que si bien logra el objetivo de beneficiar a los hogares con un solo perceptor de rentas, “genera un desincentivo a la participación laboral de las mujeres, acentuando los problemas de brecha de género de la economía española”. Además, la AIReF recuerda que la tributación conjunta “está desapareciendo progresivamente en las economías de nuestro entorno”. De hecho, solo es opcional, con matices, en países como Luxemburgo, Alemania o Portugal, mientras que la tributación individual es obligatoria en la mayoría de Estados europeos.
Vivienda y sicav
Para la AIReF es necesario también reformular la desgravación por alquiler de vivienda, medida con la que el Estado deja de ingresar cada año 1.039 millones. Considera que este beneficio fiscal es “regresivo” y debería rediseñarse priorizando el acceso a los alquileres de los colectivos más vulnerables. Asimismo, la AIReF pide embridar a las sicav, que gozan de tipos impositivos reducidos del 1% en Sociedades en lugar del tipo general del 25%, con un impacto de 323 millones para las cuentas públicas. La institución denuncia una elevada concentración de las acciones de estas sociedades en un número reducido de accionistas, lo “que hace dudar del cumplimiento de la naturaleza colectiva de la inversión”. En este sentido, plantea reforzar los requisitos para que las sicav puedan acceder al tipo reducido del 1%, por ejemplo fijando un límite máximo de participación por accionista.
Fuente: EXPANSION
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