Aguirre insiste en las rebajas fiscales y ahora le toca a las escrituras de modificación de hipoteca

La presidenta de la Comunidad de madrid, Esperanza Aguirre, sigue con su particular cruzada por la reducción de impuestos como una de las políticas anticrisis de su Gobierno. En este caso, la rebaja fiscal está justificada en las dificultades de las familias para modificar las condiciones de las hipotecas y créditos con garantía hipotecaria. Por ello, el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma ha adoptado la resolución de bonificar al 100 por cien la cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las primeras copias de escrituras públicas en las que se documente la modificación del método o sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones financieras de los créditos hipotecarios, siempre que dichos préstamos estén concedidos para invertir en vivienda habitual. La medida extiende su eficacia a cualquier condición financiera del préstamo que se negocie, como las moratorias y carencias, comisiones, penalizaciones o cambios de divisa, siempre que las mismas supusieran una novación del préstamo hipotecario. También es extensible la aplicación de la rebaja fiscal a otras modalidades de créditos con garantía hipotecaria que se comercializan como producto financiero y que hasta ahora, a pesar de ser figuras análogas, no disfrutan de los mismos beneficios fiscales. En este caso, no sólo se bonificará el cambio del sistema de amortización, sino también aquellas modificaciones de tipos de interés o del plazo pactados. El Consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid decidió también no aceptar las cancelaciones de tarjetas sanitarias que le comunica la Seguriad Social a las comunidades autónomas, en el caso de personas que por diversas razones dejan de cotizar a la Seguridad Social. Un fleco normativo. Según la Comunidad de Madrid, desde que se extendió la sanidad pública y gratuita, se desvinculó completamente el sistema de financiación de las cuotas sociales y éste pasó a ser financiado por los Presupuestos Generales del Estado. Pese a esta separación financiera, la Seguridad Social sigue pidiendo la cancelación de las tarjetas sanitarias a los no cotizantes, lo que es incongruente. Para la Comunidad de Madrid, hasta ahora no era una cuestión importante, habida cuenta de que la mayoría de las cancelaciones pedidas por el Ministerio de Trabajo correspondían a decesos de los titulares o duplicaciones comprobadas con el cruce de datos entre comunidades autónomas. Pero ahora se piden referidas a titulares que han consumido su prestación de desempleo, lo que resulta dificilmente tolerable, ya que, además de quedarse sin prestaciones económicas no tendrían derecho a asistencia sanitaria, salvo que estuvieran en colectivos especialmente protegidos, como disminuidos físicos, inmigrantes, indigentes, etcétera. Asimismo, El Gobierno madrileño ha ampliado el capital de Aeropuertos de Madrid, la empresa pública que impulsa los proyectos de los aeropuertos de El Álamo y Campo Real. La nueva inversión asciende a tres millones de euros.