Los asesores fiscales están preocupados por el tratamiento que la transposición de la Directiva de los intermediarios fiscales -DAC6- pueda darles en su transposición a la legislación española antes de concluir el año.
La DAC6 establece un control preventivos sobre el fraude fiscal que obliga a los intermediarios fiscales a informar a la Administración tributaria sobre mecanismos transfronterizos potencialmente destinados a la elusión de los que tengan conocimiento. Además, se regula que los Estados deben intercambiar los datos obtenidos automáticamente con el resto de los Veintiocho.
José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), destaca la necesidad de que el tratamiento sea armonizado para todos los Estados de la UE. Cree recomendable que las normas fiscales, que ahora necesitan unanimidad para aprobarse, se elaboren en el Europarlamento.
En España, se desconoce el borrador de la futura norma, aunque los representantes de la Aedaf creen que podría realizarse a través de un reglamento, sin pasar por el Parlamento, e incluso ampliar la propia directiva para abarcar también las operaciones domésticas.
Por estas razones, Alemany ha abogado porque la transposición a la legislación española se efectúe a través de una ley, debatida en el Parlamento, y no de un Reglamento, aprobado directamente por el Gobierno.
Para Alfredo García Prats, miembro de la Sección de Fiscalidad internacional de Aedaf, la diferencia de regulación sobre el secreto profesional de los asesores fiscales podría generar un problema al establecer el orden de los intermediarios que deben informar, porque hay operaciones en las que intervienen hasta 50 profesionales y no todos deben informar, porque se duplicaría en exceso la información.
Javier Gómez Taboada, vocal de Estudio e Investigación de Aedaf, ha señalado, en la presentación de un estudio sobre la transposición normativa (Paper 14), que "poco a poco se van reduciendo los derechos de los contribuyentes. Es el peaje que hay que pagar, en términos de libertad, para aumentar la recaudación".
Prats considera ineficiente tener que transmitir a la Administración tributaria información de todas las operaciones, ya que ésta no tiene capacidad para investigarlas. Por ello, reclamó listas blancas, grises y negras -cómo las anunciada por la Agencia Tributaria- en las que se establezca el riesgo asociado a cada tipo de operación para facilitar la tarea de los intermediarios y de la propia administración tributaria, que tendrá que gestionar una avalancha de información.
Finalmente, Gómez Taboada argumentó que, aunque la directiva se aplique de manera retroactiva desde julio de 2018, no exista régimen sancionador para el periodo que transcurra hasta su transposición, porque no dará tiempo a conocer debidamente y a cumplir la normativa.
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