Hacienda recupera las ventajas fiscales de los fondos de capital riesgo

Hacienda eximirá a los fondos de capital riesgo del recargo en el Impuesto sobre Sociedades que les impuso en octubre de 2016. Según ha podido saber EXPANSIÓN, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, que prevé aprobar el Consejo de Ministros el próximo martes, incluye esta medida. Ante la amenaza de Bruselas de imponer una multa a España si no se reducía el déficit público, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley el 30 de septiembre de 2016 que incrementó los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades un 50%, con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros. Las instituciones de inversión colectiva (IIC) y las Socimi quedaron exentas, pero no las entidades de capital riesgo (ECR), a pesar de que comparten su régimen de exención casi total.

De esta forma, los fondos de capital riesgo, que tienen bonificaciones del 99% en el Impuesto sobre Sociedades, fueron obligados a adelantar un pago a cuenta en Sociedades de un importe mínimo equivalente al 23% del resultado positivo de su cuenta de pérdidas y ganancias. La mayoría de estos pagos fraccionados luego les son devueltos en la Campaña del Impuesto sobre Sociedades, que se celebra en el mes de julio siguiente, pero el impacto de la medida se mantiene mientras sigue en vigor y los fondos deben realizar este adelanto al Estado cada mes de abril, octubre y diciembre.

Este recargo fiscal ha perjudicado a un sector generador de inversión que ha tenido que dar muchas explicaciones a sus inversores internacionales, pero no tanto por la crisis política en Cataluña como por este recargo de Hacienda (ver EXPANSIÓN del 20 de febrero).

Según explicaron en 2016 representantes del Gobierno a los responsables de la patronal del sector, Ascri, la no inclusión del capital riesgo entre los excluidos del pago a cuenta de Sociedades fue “una incidencia regulatoria”. Se comprometieron a ponerle remedio lo antes posible y, asegura el sector, a devolver los abonos.

El Ministerio de Hacienda ha utilizado los pagos fraccionados como arma de contención del déficit. El pago del 23% es mayor incluso del que se estableció en 2012, cuando las arcas públicas se encontraban en situación de emergencia y bajo férreo escrutinio de la Comisión Europea. Entonces se estableció un pago mínimo del 12%, aunque, eso sí, se obligó durante un tiempo a adelantar al Estado a gestoras de planes de pensiones y fondos de inversión, que tributan al 1% o al 0 e, incluso, se hizo tributar a ONG como Cáritas y Cruz Roja y a fundaciones.

Los fondos de capital riesgo se dedican a comprar empresas, las revalorizan y las venden. El perjuicio mayor del recargo fiscal se produce en el momento de la venta de las participaciones, cuando estas entidades derivan a sus inversores las plusvalías. En el momento en que las gestoras deben retribuir a sus partícipes, se encuentran con la exigencia del pago fraccionado, con lo que también han de destinar una parte de los beneficios obtenidos a los pagos a cuenta de Sociedades, lo que ha obligado a algunos fondos a pedir créditos y ha tenido incidencias en las retribuciones habituales de sus partícipes.

Además de las dudas que se plantean sobre la seguridad jurídica que ofrece el país, esta medida ha abierto una vía a la deslocalización de los fondos, que se han planteado constituir sus vehículos en Luxemburgo.

En el Consejo de Ministros que aprobó este Real Decreto, el Gobierno anunció que este tipo mínimo del pago fraccionado del 23% para las cerca de 9.000 empresas que facturan más de 10 millones de euros anuales estaría en vigor, al menos, hasta 2018, que es cuando el déficit público debe colocarse por debajo del 3%, según lo acordado con Bruselas. Este compromiso añade una dificultad añadida a la salida del procedimiento de déficit excesivo (ver información adjunta), que exigirá más ajustes. En 2016, se recaudaron 21.678 millones en Sociedades frente a los 12.000 que se habrían reunido sin el aumento de los pagos fraccionados. La recaudación de 2017 rondará los 24.000. Dos meses más tarde del Decreto de pagos fraccionados, llegó un nuevo tijeretazo para las empresas en Sociedades para recaudar 4.650 millones.

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