Una reforma fiscal con sentido

El mes de septiembre, en el que buena parte de la población retoma sus hábitos y tareas prevacacionales, resulta propicio para el establecimiento de nuevos retos y buenos propósitos. Aunque a fecha de hoy no se ha descartado una inédita tercera ronda electoral, es de esperar que, en algún momento, el país contará con un Gobierno con plenos poderes ejecutivos. Desde la Aedaf consideramos oportuno ir alimentando el debate acerca de las posibles reformas tributarias que deberían ser consideradas y debatidas en los próximos meses.

En relación con el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, no debería olvidarse que, más allá de las discusiones acerca del aumento o la reducción de los tipos impositivos, tales impuestos son los más adecuados para hacer “política fiscal” en su sentido más amplio, y por tanto para colmar las necesidades estructurales y estratégicas más perentorias de nuestro economía. La introducción de nuevas medidas orientadas a incentivar la actividad emprendedora, así como la inversión productiva y generadora de empleo, se nos antoja esencial.

Por cuanto se refiere al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto sobre el Patrimonio, sería deseable una armonización de la normativa de ambos impuestos que evitara situaciones que colisionan con el principio de igualdad y de unidad de mercado. Asimismo, dada la decisiva contribución de las empresas familiares a la generación de riqueza y de empleo, creemos que deberían potenciarse y flexibilizarse, en la medida de lo posible, los incentivos fiscales contemplados ya para éstas.

Consideramos igualmente inaplazable una reforma de la tributación local y medioambiental, con el objeto de establecer un marco homogéneo y suficientemente predecible para los contribuyentes. A tal efecto, deberían armonizarse los principios bajo los cuales deberían regirse los tributos locales y, en su caso, debería propiciarse la creación de un órgano consultivo que velaría ex ante por la correcta adaptación de los tributos locales por parte de las comunidades autónomas.

En lo que respecta al IVA, creemos imprescindible introducir algunas medidas enfocadas a alinear nuestra normativa con las Directivas y la jurisprudencia comunitaria. A título de ejemplo, cabría reformar el régimen de los grupos de IVA, con objeto de resulte más eficaz y neutral; debería limitarse, a situaciones claramente abusivas y excepcionales, los supuestos en que una transmisión de valores puede quedar sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales; deberían reformarse determinados aspectos del régimen del IVA aplicable en las operaciones inmobiliarias, que actualmente pueden dar lugar a costes por IVA difícilmente conciliables con los principios generales del impuesto; y debería revisarse en profundidad el régimen de deducción del IVA soportado para evitar el posible quebrantamiento del principio de neutralidad.

Finalmente, creemos ineludible introducir nuevas medidas para reducir la litigiosidad fiscal. La formación de juzgados especializados en materia tributaria, así como la posible solicitud de acuerdos previos vinculantes con la Administración en relación con posiciones tributarias concretas, son sólo algunas de las posibles iniciativas a considerar para construir un sistema tributario más justo, eficiente y predecible, sin olvidarnos de una reelaboración de la Ley General Tributaria para recuperar los denostados derechos y garantías de los contribuyentes.