Proporcionalidad contra las maniobras fiscales

En plena batalla contra la ingeniería fiscal de algunas multinacionales para reducir al mínimo su factura tributaria, el Gobierno parece haber llegado a la convicción de la necesidad de cortar de raíz esta clase de prácticas. Por ello, estudia la imposición de sanciones preventivas a las empresas que utilicen estas artimañas para eludir el pago de impuestos. Las multas podrían suponer entre el 50% y el 150% de las cantidades que le reclame la Agencia Tributaria a una empresa. Un sistema que promete generar polémica, ya que para la imposición de esas severas sanciones no será necesario probar la existencia de delito, sino que la mera disparidad con Hacienda sobre la tributación correspondiente a una empresa ya será punible. Este extremo presenta lagunas legales, pues supondría extender la sombra de la sospecha sobre todas las compañías que legítimamente y sin sobrepasar los límites legales ni incumplir ninguna norma vigente intenten aminorar su carga fiscal, por otro lado bastante elevada en la actualidad. Conviene recordar que la Comisión Europea ha señalado recientemente a los acuerdos de precios de transferencia, con los que las agencias tributarias y las empresas determinan el coste de los bienes o los servicios facturados entre las filiales o sociedades de un mismo grupo –una fórmula muy extendida en España– entre los pactos fiscales que quiere erradicar.

No cabe duda de que la persecución de la planificación fiscal que llevan a cabo algunas grandes corporaciones (sobre todo en el sector tecnológico, por parte de grupos procedentes de EEUU) ha sido muy perjudicial para las principales haciendas europeas en los últimos años. De hecho, Bruselas estima que la pérdida de recaudación fiscal supera el billón de euros anuales, que traslada sobre los contribuyentes una carga adicional excesiva y sitúa en clara desventaja competitiva a las compañías que sí atienden a sus obligaciones fiscales con diligencia y no recurren a maniobras que bordean la legalidad. Por eso los gobiernos comunitarios están encontrando amplios apoyos a su estrategia de lucha conjunta contra estas prácticas. Sin embargo, las medidas que se adopten para poner fin a esta sangría de ingresos tributarios deben ser proporcionadas y no pueden aplicarse de una forma discrecional.

En este sentido, resultan más acertadas otras medidas previstas en la lucha contra el fraude como el incremento de las obligaciones de información, la próxima publicación de la lista de morosos con Hacienda o aumentar los plazos de prescripción.