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Más obligaciones antiblanqueo para la banca, abogados y notarios

7 Mayo, 2014

El Reglamento de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, que entró ayer en vigor, incrementa las obligaciones de control e información al Tesoro y Banco de España de los sujetos obligados (banca, seguros, abogados, notarios o registradores) y, especialmente, las de los grandes despachos de abogados. El desarrollo de la norma estaba pendiente desde 2010 y se aprobó en el pasado Consejo de Ministros. Según establece el Reglamento, que publicó ayer el BOE, los sujetos obligados “cuyo volumen de negocios anual supere 50 millones de euros o cuyo balance general anual supere 43 millones deberán contar con un órgano interno especializado de control y una unidad técnica para el tratamiento y análisis de la información”. Además, la unidad técnica deberá tener “personal especializado, en dedicación exclusiva y con formación adecuada en materia de análisis”. Los grandes despachos afectados por las nuevas exigencias del Reglamento se han adaptado a lo que ya impone la Ley de 2010. Fuentes de estas firmas explican que han tenido que crear un órgano de control interno que forman socios de distintas prácticas y oficinas que ronda los siete miembros. Ahora deben establecer la unidad técnica, que no sustituye, sino que se añade al órgano que ya existe. La diferencia es que los tres o cuatro integrantes de esta unidad se dedicarán en exclusiva a la prevención del blanqueo con independencia de los socios del despacho que ya lo hacen y formación específica. Estos grandes bufetes planean fichar a profesionales con este perfil. Aunque, a diferencia de las medianas y pequeñas firmas, son conscientes de que se pueden permitir estos gastos, los grandes despachos apuntan que son los más perjudicados por el Reglamento, ya que el resto de sujetos obligados con estos volúmenes de facturación pertenecientes a la banca o seguros ya cuentan con estas unidades, que consideran más necesarias para ese tipo de negocio. De hecho, según adelantó EXPANSIÓN el pasado 10 de abril, Hacienda y Banco de España han lanzado una oleada de inspecciones a despachos de abogados para controlar si han colaborado o encubierto operaciones de blanqueo de capitales de sus clientes porque el organismo internacional que lucha contra el blanqueo, el GAFI, considera que los despachos no están suficientemente vigilados en España. Así lo avisa un documento del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). En paralelo, el sector traslada que Hacienda está realizando inspecciones fiscales a los despachos. El Reglamento incrementa la colaboración con la Agencia Tributaria al hilo de la conexión entre blanqueo y delito fiscal que ha establecido la reforma del Código Penal de diciembre de 2012. Las sanciones a quienes no cumplan las obligaciones, como ya marca la ley, son del 1% del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación, más un 50%, o 150.000 euros. Además, se podrán imponer una o varias de las siguientes sanciones a cargos de administración o dirección: multa a cada uno por un importe mínimo de 3.000 euros y máximo de hasta 60.000 euros y suspensión temporal en el cargo por hasta un año. Los sujetos obligados deben identificar y comprobar mediante documentos fehacientes la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros, con excepción del pago de premios de loterías, donde procederá la identificación y comprobación de la identidad en relación con premios iguales o superiores a 2.500 euros. Especial comunicación debe hacerse de los servicios de banca privada o de las operaciones de envío de dinero cuyo importe singular o acumulado por trimestre supere los 3.000 euros. El Reglamento incorpora la modificación del régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública y sus familiares y allegados. La Ley Antiblanqueo de 2010 obligaba a informar de políticos extranjeros pero eximía a los españoles. El desarrollo ahora los incluye.