Los pleitos judiciales sobre los incentivos fiscales vascos se eternizan

Hace tan sólo unos días la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha archivado una denuncia presentada por el sindicato ELA, en la que se acusaba a las diputaciones forales de "prevaricación" en el controvertido asunto de los incentivos fiscales concedidos a varios cientos de empresas vascas en la década de los años 90. La tesis del sindicato era que las diputaciones actuaron de forma incorrecta y a sabiendas, después de que la Comisión Europea primero y el Tribunal de Luxemburgo después, pidieron la recuperación de las ayudas. Aunque han pasado ya 20 años desde que esos incentivos se aprobaron y casi 15 desde que la UE los calificó como ilegales y aunque ha podido parecer que el archivo de la denuncia de ELA ponía fin al recorrido judicial de este asunto, la realidad es bien distinta. Nos quedan muchos años por delante de idas y venidas a los juzgados.

La Comisión Europea determinó que aquellas ayudas, que se sustanciaban en la no aplicación del Impuesto de Sociedades para las empresas de nueva creación y deducciones de hasta el 45% de la inversión en nuevos activos, aunque sólo para grandes empresas, eran ilegales e iban en contra del mercado único. Pidió que se recuperasen las ayudas. El Tribunal de Luxemburgo confirmó la calificación e igualmente exigió que las diputaciones llamasen una a una a las casi 300 empresas y les reclamasen el dinero que se habían ahorrado en impuestos. Pasado algún tiempo, la Comisión llegó a la conclusión de que las diputaciones estaban toreando a los funcionarios de la UE y que se habían hecho los sordos en la tarea de recuperar los impuestos. Pedían por ello una sanción ejemplar, que el Tribunal de Luxemburgo confirmó en mayo del pasado año con una multa de 30 millones de euros, que han pagado las diputaciones a través del Cupo.

Según avanzaba la recta final del procedimiento judicial en Luxemburgo, se desataba el inicio de los pleitos 'locales'. Las empresas comenzaron a presentar demandas en los tribunales con un amplio abanico de argumentos. El más básico, que ellas habían aplicado una norma que era aparentemente legal -aprobada por las Juntas Generales y publicada en el Boletín Oficial de cada territorio- y creían que no debían ser las perjudicadas por ello. Con escaso éxito, por cierto. Curiosamente, la demanda iniciada por una empresa alavesa tuvo eco en el Tribunal Supremo aunque por una cuestión de procedimiento y no de fondo. El Alto Tribunal anuló la liquidación de impuestos que había hecho la Diputación de Álava a esta empresa para exigir la devolución de las ayudas, porque se había hecho de forma unilateral y sin que los representantes legales de las compañías hubiesen podido argumentar ante Hacienda.

Como resultado de la decisión del Supremo, las diputaciones han tenido que volver a elaborar las liquidaciones de recuperación de las ayudas, esta vez después de escuchar a las empresas. Escuchar, sólo escuchar, sin acceder a sus peticiones. De nuevo, las firmas afectadas -no todas, es verdad, pero sí un buen número- han reiniciado la carrera judicial para reclamar la ilegalización de esas liquidaciones. En realidad es un paso previo y necesario para atacar una fase posterior, la realmente jugosa, ya que antes de “la madre de todos los pleitos” se necesita que las liquidaciones sean definitivas. Y ¿cuál será es fase final? Pues ni más ni menos que la demanda de las empresas contra las diputaciones exigiendo un resarcimiento, una compensación económica, por los daños que han sufrido sus cuentas de resultados. Todas ellas hicieron cuantiosas inversiones estimuladas por una legislación que favorecía ese riesgo y concedía unas ayudas. Ahora, las ayudas han desaparecido y ¿quién paga los platos rotos? De momento lo han hecho las empresas, pero muchas de ellas quieren intentar que sean las diputaciones. Eso sí, habrá que sentarse para esperar a que concluya esa nueva fase de la carrera judicial.