La UE multa a las diputaciones vascas con 30 millones euros por los incentivos fiscales

El Tribunal de Luxemburgo ya ha sancionado. Las diputaciones forales vascas deberán pagar una multa de 30 millones de euros, al entender que incumplieron y de forma reiterada no sólo las decisiones de la Comisión Europea sino especialmente una sentencia anterior, dictada por esta misma Corte comunitaria en 2006, que declaraba ilegales varias ayudas fiscales aplicadas en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Estas ayudas fiscales estuvieron vigentes en la década de los años 90 y suponían importantes rebajas de impuestos para las empresas de nueva creación y también para las que realizasen inversiones importantes. Los jueces de la UE han sido más benévolos de lo previsto. Inicialmente, la Comisión había pedido que esa sanción escalase hasta 64 millones de euros, porque la actitud de las diputaciones se consideraba "muy grave". La abogada general que asiste al tribunal y que ejerce un papel similar al de los fiscales, había rebajado la cantidad hasta 50 millones y ahora el tribunal, en su sentencia, la ha fijado definitivamente en 30 millones. Algo menos de la mitad de la cantidad de partida. Aunque está claro que quienes incumplieron la obligación de recuperar las ayudas ilegalizadas fueron las diputaciones, todo apunta a que se abrirá en los próximos días una viva polémicaz sobre quiénes y en qué proporción deben abonar la multa. El Tribunal no lo ha detallado ya que inicialmente deberá ser el Gobierno central quien la pague, aunque luego deberá concretarse el peso que recaerá sobre cada territorio foral. Incluso, Álava y Gipuzkoa ya han apuntado que el Gobierno vasco debería asumir el pago del 70% de este importe. lo más 50 Los jueces de la UE han sido más benévolos de lo previsto. Inicialmente, la Comisión había pedido que esa sanción escalase hasta 64 millones de euros, porque la actitud de las diputaciones se consideraba "muy grave". La abogada general que asiste al tribunal y que ejerce un papel similar al de los fiscales, había rebajado la cantidad hasta 50 millones y ahora el tribunal, en su sentencia, la ha fijado definitivamente en 30 millones. Algo menos de la mitad de la cantidad de partida. Aunque está claro que quienes incumplieron la obligación de recuperar las ayudas ilegalizadas fueron las diputaciones, todo apunta a que se abrirá en los próximos días una viva polémicaz sobre quiénes y en qué proporción deben abonar la multa. El Tribunal no lo ha detallado ya que inicialmente deberá ser el Gobierno central quien la pague, aunque luego deberá concretarse el peso que recaerá sobre cada territorio foral. Incluso, Álava y Gipuzkoa ya han apuntado que el Gobierno vasco debería asumir el pago del 70% de este importe.

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