La UE forzará a España a endurecer el ‘exit tax’

La Directiva de lucha contra el fraude que prepara la Comisión Europea y que entrará en vigor en enero obligará a España a endurecer el Impuesto de salida o exit tax, que entró en vigor en 2015 con la reforma fiscal. Así lo avanzó ayer Begoña García Rozado, subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas de la Dirección General de Tributos, en el XXVI Congreso de Ia Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) que se celebra en Gijón.

García Rozado explicó que la mayoría de artículos de la Directiva no son nuevos para el marco tributario español, pero que habrá que hacer cambios, sobre todo en el exit tax, que no sólo gravará el traslado de residencia de patrimonios, inversores y empresarios en el IRPF como ya hace la norma española, sino también la salida de activos de las empresas aunque no haya cambio de residencia. Este nuevo gravamen se podrá aplazar en el Espacio Económico Europeo cinco años, pero con intereses y garantías.

Hasta ahora, el exit tax grava en el ahorro (23%) el cambio de residencia de contribuyentes con carteras de acciones con plusvalías latentes de más de cuatro millones de euros y con el control de más del 25% de una sociedad con activos de más de un millón de euros. España deberá ahora gravar en enero la transferencia de activos por parte de las empresas, lo que se hace habitualmente desde la UE a territorios de baja tributación, a menudo de patentes y derechos de propiedad intelectual. La Directiva lo denomina exit tax on assets, y gravará el valor que se determine que tienen estos activos en el momento de salida. La paradoja, apuntó García Rozado, es que Bruselas ha ido más lejos que España, cuando al principio llegó a cuestionar el impuesto español por atentar contra la libertad de establecimiento.

A su vez, Diego Martín Abril, director general de Tributos, explicó que España está esperando a que la UE y la OCDE terminen sus listas de paraísos fiscales para decidir si se suma a ellas y abandona la española o la mantiene. Esto lo tendrá que decidir un Gobierno ejecutivo, que mantendrá la lista española, en la que no se descarta la reincorporación de Panamá o Bahamas, si la de la UE no le parece suficientemente estricta con territorios como Gibraltar, apuntó.

Lucha contra el fraude

Los inspectores de Hacienda, por su parte, presentaron ayer un documento a modo de declaración de intenciones para espolear la lucha contra el fraude. José Luis Groba, su presidente, cree difícil superar la cifra récord de más de 15.000 millones de recaudación en 2015 si no se hace un estudio que muestre nuevos caminos.

Jesús Gascón liderará un proyecto en el que IHE va a colaborar con Fedea para medir el fraude en España, lo que la Administración renunció a hacer hace décadas. Los inspectores ofrecerán a Hacienda el estudio y tratarán de mantener una colaboración con el Ministerio durante el proceso.

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