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La reforma de la financiación, en el aire

16 Mayo, 2014

El horno de las reformas del Gobierno calentaba con mucha intensidad desde que Rajoy llegó al Gobierno hasta prácticamente hace unos meses. Fuera por convicción propia o por el látigo bruselense, las medidas que pasaban por el Consejo de Ministros se han contado a granel hasta que ha empezado a ir al ralentí recientemente, sea por la recuperación o por las inminentes citas electorales. Una de estas iniciativas que se está quedando fría es la reforma de la financiación autonómica. Las autonomías están divididas sobre la necesidad de abordar el proyecto en esta legislatura, y temen que los silencios del Gobierno indiquen un retraso hasta 2016. La incertidumbre reside también en que el propio Gobierno, y concretamente el Ministerio de Hacienda, no ha decidido todavía los tiempos, ya que las divisiones se han instalado propiamente en él. “Algunos [en el Gobierno] parecen más dispuestos a ir más rápido, y otros son más precavidos”, señalan fuentes conocedoras de la situación. “Seguro que se empieza a negociar este año, lo que están dilucidando en el ministerio es si se alarga la resolución”, añaden. Al compromiso del propio presidente Rajoy de abordar la reforma del sistema de financiación este año, se añaden las voces autonómicas con mucho peso en el PP, que son reacias a aplicarlo. Es el caso de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y presidenta de Castilla-La Mancha, que no se ha significado especialmente con la necesidad de realizar una reforma urgente. Temor Los temores en los líderes regionales a que el Gobierno posponga este asunto van in crescendo. Entre las autonomías que más insisten en una reforma de la financiación se encuentra la Comunidad de Madrid y Cataluña (aunque el desafío soberanista haya forzado mantener un perfil bajo en el aspecto económico). Fuentes de ambas Administraciones indican que ven complicado que el Gobierno decida abrir este melón en este año y medio, porque implicaría restar recursos económicos a otras regiones gobernadas por el PP, ya que no se volverán a inyectar recursos estatales. En 2009, para salvar la reforma del modelo, el Ejecutivo de Zapatero puso 11.000 millones de las arcas estatales para conformar a todos. Ahora, sin embargo, no hay más dinero, y tanto en Barcelona como en Madrid se da por hecho que el Gobierno no iniciará ningún cambio hasta que la recuperación económica no permita crear un modelo en que todas las autonomías salgan ganando. El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha mostrado partidario de dilatar las negociaciones, para que no se solapen con la reforma fiscal, la verdadera piedra de toque de su labor en este mandato. Montoro confía en que la propuesta sea ya una mini reforma de la financiación mediante la ampliación de los recursos de los tributos cedidos a las comunidades autónomas, que ayude a apagar las quejas. El responsable de las finanzas públicas advirtió la semana pasada de que no convocaría el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) hasta que la reforma fiscal estuviera “madura”. Y es que dentro de esta medida se incluyen tributos como la tasa de depósitos financieros, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, y otras figuras cedidas como impuestos verdes, que supondrán una inyección de ingresos -a veces forzada- para las autonomías. El ministerio ha optado por relegar las grandes reformas y aportar recursos por la puerta pequeña. La reforma del Impuesto de Patrimonio de 2013 eludió el CPFF y suprimió la liquidación que las regiones debían hacer. También se han rebajado los tipos de la deuda con el Estado en 1.000 millones y aplazado las devoluciones de lo ingresado de más. Por otro lado, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha insistido esta semana en que tanto la reforma de la financiación autonómica como la local verán la luz este mismo año, aunque sea de aplicación el próximo ejercicio. Lo que todas las autonomías parecen tener claro es que la reforma no se hará en 2015, por el año electoral. O bien se “acelerará” para tenerla lista antes de la precampaña, o bien se “retrasará” hasta la próxima legislatura. Varias fuentes autonómicas consultadas coinciden en pensar que la financiación se llevará adelante. “Después de verano, se pegará un acelerón en este sentido: vamos a presionar para ello”, señalan. De hecho, Hacienda ha confirmado que celebrará dos veces el CPFF, en junio y en julio, donde empezará la lucha por la financiación autonómica. Muchas autonomías gobernadas por el PP presionan al Ejecutivo, tanto a Presidencia como a Hacienda, para que se paralice la negociación. Se trata de aquéllas consideradas como bien tratadas por el modelo: Extremadura, Aragón, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Castilla-La Mancha son regiones que ganan riqueza tras el reparto y que no quieren oír hablar de ninguna reforma. Estas autonomías, casi todas gobernadas por el PP, han creado un frente común de cara a la financiación para que se valore adecuadamente la dispersión de población, uno de los factores que podría perder puntos en la reforma. Por el lado contrario, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía también han creado un flanco para que se mejore la financiación per cápita. Según los expertos, estas son las verdaderamente perjudicadas por el modelo. Cataluña y Madrid reivindican modificar el modelo, pero rechazan crear alianzas con otras regiones. Montoro pidió ayer desde Málaga “racionalidad” a las autonomías de cara a la negociación, y que se discuta “positivamente”, sin mirarse de” reojo territorio a territorio, sino ciudadano a ciudadano.