La Generalitat quiere bajar impuestos…. pero no puede.

La teoría que defiende la Generalitat es clara. Una reducción de impuestos supone dejar más dinero en manos privadas y ello revierte en un mayor dinamismo económico. Sin embargo, la paupérrima situación de las finanzas catalanas impide que Convergència i Unió (CiU) lleve a la práctica su ideario político. Su programa electoral prometía "revisar" las subidas fiscales aprobadas por el tripartido en 2010, que afectaron al IRPF, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, al impuesto sobre actos jurídicos documentados y al impuesto sobre matriculación. Fuentes de la Generalitat aseguran que cumplirán su compromiso electoral en el momento que finalice "el procedimiento de ajuste". ¿Y cuándo sucederá esto? Todo indica que el proceso de recortes deberá ampliarse varios ejercicios ya que las previsiones de la Generalitat apuntan a que Cataluña tardará años en cumplir el objetivo de estabilidad impuesto por el Ministerio de Economía. Así, a medio plazo, los catalanes seguirán tributando por encima de la media en la mayoría de impuestos. Cataluña registró en 2010 un déficit del 3,86% de su PIB, muy lejos del 2,4% exigido por Moncloa. Y, a pesar de que el Gobierno catalán recortará un 10% su presupuesto para este año respecto al anterior -un esfuerzo inaudito-, los números no cuadran. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ya ha avanzado que, a pesar del ajuste, Cataluña volverá a incumplir el objetivo de estabilidad este año y sobrepasará el límite de déficit del 1,3% fijado para este año. De hecho, no será hasta 2013 cuando la Generalitat, siempre según sus previsiones, cumpla la senda de consolidación fiscal y rebaje al 1,1% su déficit y, por tanto, pueda reducir impuestos. Curiosamente, en ese momento, faltará solo un año para las elecciones autonómicas. Y qué mejor contexto para rebajar impuestos que a las puertas de unos comicios electorales. De hecho, el pasado domingo, la Generalitat tuvo que matizar a Mas-Colell, que apuntó en una entrevista que su departamento planeaba eliminar la subida del IRPF a las rentas altas aprobado por el anterior Gobierno. PSC, ERC y PP criticaron ayer las "contradicciones" del Ejecutivo de Artur Mas. En los próximos meses se prevén fuertes tensiones entre la Generalitat y el Gobierno central, ya que el Estado tiene la capacidad de prohibir nuevas emisiones de deuda. Sin embargo, Cataluña precisa recurrir al endeudamiento para cuadrar sus cuentas. De hecho, como ya hiciera el anterior Gobierno de José Montilla, el Ejecutivo de Mas se ha visto obligado a emitir bonos patrióticos. La semana pasada empezó a comercializar bonos catalanes por un importe de 2.700 millones y pagará hasta un 8,25% en intereses. Con esta situación, el margen para bajar impuestos es limitado. De momento, Mas solo ha reducido sucesiones, ya que CiU hizo de ello una bandera electoral. El resto de rebajas tributarias dormirá el sueño de los justos en algún cajón de la Generalitat Vivir en Barcelona y tributar como un madrileño La subida fiscal del IRPF en Cataluña a las rentas que superen los 120.000 euros y que entró en vigor el 1 de enero amenaza con provocar deslocalizaciones de personas físicas. El perfil de los contribuyentes afectados responde a directivos que suelen viajar con regularidad y no es extraño que pasen la mitad de la semana en Madrid. Los bufetes de abogados indican que, en estos casos, es relativamente fácil modificar la residencia fiscal. El tema no es baladí. Un directivo del Ibex, cuyo sueldo anual alcanza los 699.000 euros de media, pagará 20.800 euros más por IRPF en Cataluña que en Madrid. En el resto de tributos cedidos o propios, se repite el mismo patrón, a saber, que los catalanes pagan más que la media. Por ejemplo, el Ejecutivo de José Montilla elevó del 7% al 8% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que grava la compra de viviendas de segunda mano. Además, también elevó del 1% al 1,2% el impuesto de actos jurídicos documentados, que es el tributo que se aplica al formalizar una hipoteca. Así, tanto la compra como la financiación de una vivienda resultan más caras en Cataluña que en la mayoría de comunidades. Y si bien es cierto que la recaudación fiscal de Cataluña en el primer trimestre se ha incrementado un 39%, hasta los 4.470 millones, los ingresos totales -que incluyen transferencias o ventas patrimoniales- han caído un 8,7%.