La fiscal sugiere que la Hacienda vizcaína ocultaba datos al Estado.

La fiscal jefe de Vizcaya sugirió ayer que hay sospechas en torno a la transparencia que ha mantenido en algunos casos la Hacienda foral de este territorio en sus relaciones con la Agencia Tributaria del Estado, en torno a la investigación de varios contribuyentes. Al menos en dos ocasiones lo dio a entender, en los interrogatorios a los testigos del juicio contra el exjefe de la Inspección de tributos de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, y otros tres funcionarios más, acusados de conceder un supuesto trato de favor a unos 200 contribuyentes. Ibarra se enfrenta a 11 años de cárcel y sus subordinados, a 8. Las sospechas de la representante del Ministerio Público se hicieron evidentes en las preguntas que la fiscal dirigió a dos de los testigos, del grupo familiar Aguinaga-Llantada. En la lista que Ibarra había introducido en el ordenador de Hacienda, 10 miembros de este colectivo y 35 sociedades vinculadas a ellos figuraban como objeto de falsas inspecciones. Los dos directivos que declararon ayer narraron que en el año 1978 buena parte de la familia y de sus empresas se trasladaron a Madrid como consecuencia de las presiones de la banda terrorista ETA. En 1990 el grupo se planteó su vuelta a Euskadi y sus responsables financieros mantuvieron varias reuniones con los responsables de la Hacienda vizcaína para, dijeron, pactar las condiciones de la operación. La Diputación les convenció de que abordasen una reordenación mercantil, con un 'holding' mediante la creación de una 'sociedad de promoción de empresas', figura con la que se obtenían importantes beneficios fiscales gracias a la normativa foral del territorio. Los directivos del grupo señalaron en el juicio que aceptaron el consejo de reordenación societaria y trasladaron el domicilio social de buena parte de las compañías del grupo a Vizcaya, al tiempo que pidieron para los miembros de la familia que sus declaraciones de impuestos fuesen consideradas confidenciales, extremo éste que los responsables del fisco admitieron. La fiscal dio a entender que después de ese traslado de domicilio se había producido una ocultación de información a la Agencia Tributaria del Estado, de forma reiterada, por parte de la Hacienda vizcaína, aspecto que los declarantes aseguraron desconocer. Al parecer, la Hacienda central reclamaba a estas empresas la devolución de unas ayudas fiscales concedidas por algunas reinversiones de beneficios que no se habrían materializado. El asunto, previsiblemente, volverá a ser abordado hoy en la sala donde se celebra la vista contra los cuatro funcionarios, ya que está prevista la declaración como testigo del inspector de la Agencia Tributaria que realizó aquellas actuaciones y que no recibió la información que reclamaba de la Diputación vizcaína. Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, Ibarra se negó a iniciar una inspección contra el grupo de sociedades a finales de 2001, pese a las peticiones en este sentido cursadas desde la Administración central. Ayer declaró también un empresario de la construcción incluido en la lista de supuestos protegidos, que admitió ser «amigo personal» de Ibarra y que fue objeto de una inspección en la primera mitad de los años 90, por la que tuvo que pagar 63.000 euros en impuestos. Afirmó desconocer la razón de figurar en ese listado, al tiempo que aseguró que su amigo no le había dado explicaciones. «Nosotros nunca hablamos de temas de Hacienda», aclaró.