Hacienda penalizará fiscalmente a las grandes empresas morosas

Hacienda penalizará fiscalmente a las grandes empresas morosas. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso en la que contó a muy grandes rasgos sus planes para esta legislatura. Montoro subrayó que hay que seguir reduciendo la morosidad tanto de las administraciones públicas como del sector privado y afeó a las grandes empresas que muchas, con los mercados de crédito abiertos, se financian a costa de sus proveedores y “abusan de su posición de fuerza”, como ya avanzó EXPANSIÓN.

Para atajar esta práctica, anunció “penalizaciones fiscales” que, en respuesta a preguntas de los medios, dijo que están en estudio y que ahora habrá que desarrollar. El pacto de investidura entre PP y Ciudadanos contempla “aprobar la implantación de un régimen de información y sanciones en materia de morosidad con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los plazos legales de pago vigentes por parte de las empresas y de las Administraciones Públicas. Las empresas que no cumplan con los períodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social”. La Ley de Morosidad establece un plazo de treinta días en defecto de pacto, ampliables a 60 días si hay acuerdo entre las partes.

Fuentes conocedoras de estos planes que, previsiblemente, se articularán en un proyecto de ley, explican que se impedirá que las empresas morosas disfruten de bonificaciones en las cotizaciones sociales. Respecto a la parte fiscal, está por determinar cómo operará a la hora de restringir la aplicación de determinadas deducciones. El proyecto inicial era que las empresas morosas no pudieran solicitar aplazamientos, pero como el Real Decreto-ley de 3 de diciembre que sube Sociedades ha vetado los aplazamientos, ya no hay margen en esa vía.

Asimismo, el acuerdo entre PP y C’s prevé que “en las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontraten”. Por último, se contemplan “incentivos para que las empresas adopten el régimen del IVA de caja en la mayor medida posible, de forma que las pymes puedan repercutir el impuesto cuando reciban efectivamente los pagos por sus ventas”.

Hacienda ha anunciado en numerosas ocasiones que iba a imponer sanciones pecuniarias a las grandes empresas morosas, anuncio que hasta ahora no se ha concretado. En cuanto al IVA de caja, son muy pocos los autónomos y empresas que se han adherido al sistema, que está poco incentivado y puede hacerles perder clientes.

En el turno de réplica, Montoro confirmó, ante las insistentes preguntas de Ciudadanos y Grupo Mixto, que “cuanto antes” se habilitarán exenciones en el veto de aplazamientos que ha impuesto el Real Decreto-ley de diciembre para autónomos y empresas “con una baja facturación de IVA a los que no se quiere perjudicar”.

Hasta ahora, asociaciones de autónomos aseguraban que iba a ser así tras negociarlo con Hacienda, pero no había confirmación oficial. En cualquier caso, a Hacienda le queda poco tiempo para actuar ya que el 30 de enero vence el próximo plazo. Fuentes conocedoras de la negociación han trasladado que los autónomos persona física podrán aplazar deudas de hasta 30.000 euros durante un año sin garantías y que las pymes podrán hacer lo mismo durante seis meses con garantías lo que podría articularse mediante una instrucción de la Agencia Tributaria que no tienen rango de ley, a diferencia del Real Decreto-ley que el PP aprobó con el único apoyo del PSOE el pasado 15 de diciembre, que veta los aplazamientos sin eximentes, y que el Gobierno se negó a tramitar como proyecto de ley ni a admitir enmiendas. Montoro insinuó ayer que podría haber correcciones parlamentarias.

El portavoz de C’s, Francisco de la Torre, subrayó que el veto a los aplazamientos es el motivo de la abstención de su grupo al Real Decreto-ley de 3 de diciembre y alertó del caos informático que se puede generar en la AEAT el 30 de enero si no se soluciona este asunto.

En esta línea, el diputado del PDECat, Ferrán Bel, exigió a Montoro que aclare el aplazamiento del IVA de autónomos y pymes: “No es serio que los autónomos y las pymes no conozcan en qué condiciones van a poder aplazar el IVA” o que en todo caso vayan a saberlo “un día antes”.

Montoro rechazó las acusaciones de Bel de que su técnica legislativa cree “inseguridad jurídica” y aseguró que la política fiscal y los impuestos no pueden ser “inmóviles” ni “rígidos”, “tienen que cambiar”. En lo que respecta a las grandes empresas, dijo que espera que aporten cerca de 20.000 millones de euros a la recaudación en 2017 después de las subidas de Sociedades (ver información adjunta). Asimismo, destacó que este año entra en vigor el acuerdo internacional de intercambio automático de información y recordó que llevará al Congreso una proyecto de ley de lucha contra el fraude.