Hacienda eleva la responsabilidad fiscal de los consejos de administración

La Secretaría de Estado de Hacienda ha aprovechado el Anteproyecto de Ley de Sociedades de Capital elaborado por el Ministerio de Economía para elevar la responsabilidad tributaria de los directivos de las empresas. Así, la norma, que se encuentra ya en su trámite parlamentario, estipula que entre las facultades indelegables del consejo de administración figurará la determinación de la política de gestión de riesgos fiscales. Fuentes del Gobierno indican que el objetivo es evitar que las planificaciones fiscales agresivas que en ocasiones traspasan los límites legales no queden impunes. Además, el consejo de administración de las empresas deberá determinar la estrategia fiscal de la entidad y responsabilizarse de los resultados de la misma ante los accionistas. Este conjunto de medidas se adopta en un momento en el que la mayoría de países de la UE han puesto bajo vigilancia las prácticas tributarias que siguen las grandes empresas. Su presencia en diversos países les permite fijar operaciones con el objetivo de desplazar los beneficios fiscales a países de baja tributación. La OCDE ha elaborado el proyecto BEPS que precisamente centra su atención en atajar prácticas fiscales agresivas de las multinacionales para rebajar su factura fiscal. Por otro lado, Hacienda indica que las líneas que han inspirado sus propuestas parten del Foro de Administración Tributaria creado en el año 2002 por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Este organismo aboga por la necesidad de fomentar que la alta dirección y los comités de auditoría de las grandes empresas asuman una mayor responsabilidad en las estrategias fiscales. En el anteproyecto de ley de sociedades de capital también se obliga a que en el informe sobre gobierno corporativo que deben realizar las empresas cotizadas se incluyan los sistemas de control de riesgo fiscal. Hasta ahora, este apartado no era obligatorio. Además, la comisión de auditoría tendrá la misión de supervisar la eficacia de los sistemas de control de riesgo fiscal. Se persigue con ello la pronta detección de prácticas fiscales que puedan resultar contrarias a la legislación vigente, resultar excesivamente agresivas o dañinas para la reputación de las compañías. Más allá de las cuestiones tributarias, el anteproyecto de ley contempla que la junta de accionistas apruebe la política de remuneraciones con carácter vinculante al menos cada tres años. El texto indica que los sueldos de los administradores deberán ser razonables y acorde con la situación económica de la sociedad. Y en las compañías cotizadas, la política de remuneraciones deberá ser aprobada por la junta, cuyo voto será vinculante. Además, se reduce del 5% al 3% el capital necesario para ejercer los derechos de las minorías en las empresas cotizadas. Por otra parte, la nueva normativa obligará a las empresas a publicar en su memoria de cuentas anuales el período medio de pago a los proveedores. Las sociedades cotizadas tendrán la obligación de publicar tal información también en su página web. Medidas similares adoptadas en otros países Hacienda señala que las medidas incluidas para elevar la responsabilidad siguen la tendencia internacional. Estas son las políticas que se han fijado en otros países: Estados Unidos La legislación estadounidense obliga a las empresas cotizadas a disponer de procedimientos de auditoría internos adecuados para detectar la existencia de riesgos fiscales. Además, esta labor también debe ser encomendada a un auditor externo. En términos contables, EE UU también impone a las empresas cotizadas realizar una provisión cuando se adopten prácticas en el impuesto sobre sociedades que no pasarían el filtro de la inspección. Reino Unido En el Reino Unido, los directores financieros de las grandes compañías deben certificar anualmente que su política fiscal y de control de riesgos tributarios es adecuada. Holanda La legislación holandesa, que es especialmente atractiva para los holdings, establece un sistema optativo de relación entre la Administración y las empresas. Las compañías asumen la obligación de comunicar sus riesgos fiscales y la Hacienda pública, a cambio, fija menos controles. Canadá Canadá también ha optado por la vía cooperativa. Así, ha iniciado un proyecto para evaluar el perfil de riesgo de las empresas multinacionales. Y aquellas que mantienen las mejores prácticas fiscales serán reconocidas por la Administración y serán sometidas a un menor control. Australia El Ejecutivo australiano ha establecido un marco detallado de gestión de riesgos fiscales que las empresas que se consideren socialmente responsables deberían adoptar.