Graves fallos de la amnistía fiscal

La amnistía fiscal es una fuente inagotable de problemas desde 2012. Su aprobación ya supuso un fuerte desgaste político para el Gobierno de Mariano Rajoy, al que pronto se sumaron las críticas por su escasa recaudación y, más tarde, el descrédito por la aparición de nombres como Luis Bárcenas y el clan de los Pujol en la lista de beneficiarios.

En agosto pasado, la regularización volvió a aflorar, en este caso actuando como escollo en las negociación de PP y Ciudadanos para permitir la investidura de Rajoy. El partido naranja denunció que la tributación real de los beneficiarios fue muy inferior al 10 por ciento que marcó la ley, y reclamó una revisión de las declaraciones que, por cuestión de plazos, finalmente no se materializó. Pero el varapalo definitivo llegó ayer de la mano del Constitucional.

El Tribunal ataca la médula misma del planteamiento de la amnistía, en la medida en que vulnera la Carta Magna. Como la institución pone de manifiesto, la legislación en este tipo de materias que afectan al deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de las Administraciones, corresponde al Parlamento.

Sin embargo, el Gobierno tomó la iniciativa de forma exclusiva y procedió a su aprobación mediante decreto-ley. Las consecuencias de este proceder inadecuado son ya patentes. Aun cuando el Tribunal avala las declaraciones "en firme" ya realizadas, lo cierto es que existen otros 3.500 contribuyentes sometidos a inspección, que ahora se encuentran en un limbo de carácter judicial, a la espera de una mejor definición de lo que ese "en firme" implica. Un mecanismo de la envergadura de la amnistía fiscal que se planteó en 2012 requería de procedimientos bien aplicados, libres de los graves fallos que finalmente presentaron.