El Parlamento catalán aprueba el impuesto sobre los depósitos bancarios

La ley establece que el impuesto debe gestionarlo la Agencia Tributaria de Catalunya y que las entidades no pueden repercutirlo sobre sus clientes, pero algunos grupos cuestionan que sea así y vaticinan que recaerá sobre los depositarios. Pero la aplicación del impuesto está en el aire: el Gobierno central ha aprobado el mismo impuesto, aunque a tipo impositivo cero --no recaudará nada--, y será la justicia quien determine a qué tasa deben atender los bancos. La ley catalana prevé que el impuesto entre en vigor al día siguiente de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), pero algunos grupos partidarios del impuesto han admitido que no está claro que llegue a aplicarse. El diputado de ERC Pere Aragonès augura que las entidades de crédito se dirigirán a la justicia para saber qué impuesto deben pagar --el del Parlament o del Estado a tipo cero--, por lo que la decisión estará en manos de los tribunales. TRES TRAMOS La norma aprobada por el Parlament establece tres tramos impositivos de acuerdo con el dinero que, en forma de depósitos de terceros, gestionan las entidades: hasta 150 millones, del 0,3 por ciento; entre 150 y 600 millones, del 0,4; más de 600 millones, del 0,5. La ley prevé deducciones por cada oficina abierta en Catalunya y por los importes dedicados a obra social, y exime de pagarlo al Banco de España, al Central Europeo, al Europeo de Inversiones, al Instituto de Crédito Oficial, al Institut Català de Finances, a las secciones de crédito de las cooperativas y a las autoridades de regulación monetaria. CiU se opuso a esta tasa en la pasada legislatura, cuando su socio parlamentario era el PP, mientras que ahora, con ERC de socio, ha cambiado de opinión argumentando que es la manera de compensar el "ahogo" al que el Estado somete las finanzas públicas catalanas. La diputada de CiU Montserrat Ribera ha dicho que los ingresos de este impuesto se podrán destinar a mejora el bienestar de los catalanes, y ha acusado al Gobierno central de llevar a cabo "argucias jurídicas" para torpedearlo y evitar su aplicación. RECHAZO El popular José Antonio Coto lo considera "un impuesto trampa y una ley inútil" que los catalanes no deberán pagar gracias al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ha creado la misma tasa a tipo cero. Jordi Cañas (Cs) ha cargado contra la "ingenuidad" de los grupos que avalan el impuesto, ya que, a su juicio, deberían saber que serán los clientes y no las entidades las que asumirán el coste de la ley. REPROCHES Josep Vendrell (ICV-EUiA) ha cargado contra CiU y PP: contra los primeros, porque se negaron a impulsar el impuesto en la pasada legislatura, evitando recaudar así "1.000 millones de euros" en dos ejercicios; y contra los populares, por incoherencia, ya que el mismo impuesto ha sido impulsado por el Gobierno valenciano. La socialista Alícia Romero ha avalado el impuesto pese a considerar que el tipo impositivo podría haber sido más elevado, y el diputado David Fernández (CUP) ha acusado al PP "de hacer fácil la vida a los bancos" y perjudicar a la gente.

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