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El Gobierno reducirá el sueldo y el poder del administrador concursal

22 Mayo, 2014

El Gobierno quiere atar en corto a los administradores concursales, para lo que reducirá su salario y sus competencias. Así lo anunció ayer el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, y lo refrendó poco después el portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte, quien avanzó que el plazo de enmiendas del proyecto de ley de refinanciaciones se amplía hasta mediados de junio, momento en el que se debatirá y enviará al Senado para que entre en vigor en septiembre. En un encuentro sobre reestructuraciones financieras organizado por PwC, Temboury constató que “los intereses de la administración concursal no son los de la empresa y el concurso”, en alusión a los elevados sueldos de estos gestores, y al supuesto interés de estos en alargar los procesos para seguir cobrando. En esta línea se manifestó también Martínez-Pujalte, quien explicó a este diario que también se controlará el sistema de designación de la administración concursal. Un informe de PwC titulado Temas candentes de las reestructuraciones financieras, que Temboury dijo que se tendrá en cuenta para la reforma en marcha, subraya la necesidad de regular la profesión y pide que se cree un colegio profesional de administradores concursales que proponga una remuneración razonable. Fernando Martín, presidente de Martinsa Fadesa, que asistía al encuentro como oyente, tomó la palabra y expresó la a su juicio necesidad de regular la administración concursal, y se quejó de que sus “honorarios son excesivamente abusivos”. Martinsa Fadesa entró en concurso de acreedores en 2008, el mayor concurso de la historia con un pasivo de más de 7.000 millones, y salió en 2011. Este año tiene dificultades para cumplir con los compromisos de pago del convenio. Martín aseguró que las remuneraciones de sus administradores concursales “han superado los 20 millones de euros”. Según los datos públicos del proceso, los tres administradores cobraron un arancel de seis millones cada uno y, una vez superada la fase común, percibieron el 10% de esos seis millones durante los primeros seis meses y el 5% los siguientes. Así, Martín denunció que “cuanto más duran los concursos de acreedores, más ganan” los administradores. “Cuando una empresa va a concurso el objetivo es que salga” del mismo, señaló el presidente de la promotora. Martín reconoció que las inmobiliarias “cometimos el error del endeudamiento excesivo”, pero apuntó que cree que los bancos acreedores “tienen capacidad” para estar en las empresas “siempre que recuperen su inversión”. Entre los cambios que se van a introducir en la reforma concursal junto con el coto a los administradores, Temboury señaló que el sistema de mayorías de arrastre, quitas y esperas del Decreto de refinanciaciones pueda aplicarse también al concurso, abogó por “homogeneizar” el acuerdo extrajudicial de pagos, y por que los procesos de liquidación sean “más ágiles”, medidas que ha adelantado EXPANSIÓN. Martínez-Pujalte descartó la idea de impulsar un banco malo de deuda empresarial, como se ha hecho con Sareb para los activos inmobiliarios, pero abrió la puerta a que lo desarrollen los bancos y fondos, que podrían contar con incentivos: “Otra cosa es abordar un marco jurídico y tributario de las entidades financieras para gestionar las participaciones industriales que se puedan tener”, dijo. El portavoz popular defendió la necesidad de la reforma para evitar el “achatarramiento” empresarial , aunque dejó claro que el texto “no es Lourdes”, y “no se va a producir el milagro de que empresas inviables sean viables”.