El Gobierno plantea incentivos laborales y fiscales para los mayores

El Gobierno prevé aprobar el próximo viernes, en vísperas de las elecciones generales, el Marco de Actuación para las Personas Mayores, un documento que contiene 348 propuestas y para cuya redacción ha contado con la colaboración de más de cien entidades dedicadas a este colectivo social. Rajoy anunció este Marco hace dos semanas, y el Consejo de Ministros iba a analizarlo hoy, aunque a última hora de ayer se decidió retrasarlo una semana. Supone una declaración de intenciones sobre este asunto que el Ejecutivo se comprometería a adoptar si gana los comicios y gobierna.

Las medidas de más calado, según el borrador al que ha tenido acceso este diario, son laborales y fiscales. Entre las medidas de empleo y de Seguridad Social, el documento prevé “seguir incentivando la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación”. Actualmente, quienes siguen trabajando después de cumplir la edad de jubilación, tienen garantizado que cuando se jubilen tendrán un incremento adicional en la pensión de entre el 2% y el 4% por cada año de prolongación de la vida laboral, y en función de los años cotizados.

Estas iniciativas para mantener a los mayores trabajando apuestan por prolongar los incentivos a la empresa que mantenga el empleo de estas personas. Las compañías ya están exentas de cotización por los trabajadores mayores de 60 años.

Precisamente, la ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez, informó el pasado 30 de septiembre de que más de 27.000 mayores de 65 años hacen compatible un trabajo a tiempo parcial con la percepción de la pensión. Báñez también anuncio que, a partir de 2016, 125.000 mujeres tendrán un incremento adicional en la pensión al jubilarse por tener dos o más hijos. La prestación aumentará un 5%, con dos descendientes; un 10%, con tres hijos, y un 15%, a partir de cuatro hijos.

El Gobierno también resucita entre las propuestas una medida que no se ha atrevido a poner en marcha en esta legislatura, por miedo a su impacto electoral: informar a los trabajadores mayores de 50 años de la cuantía que puede tener su futura pensión, en función de los años cotizados. La conocida en Suecia como la carta naranja. Después de anunciarla, el Gobierno dio marcha atrás porque pensó que muchos trabajadores podrían acusarle de pagar una pensión menor de lo que ellos esperaban.

Además, el proyecto planea procurar más incentivos fiscales para facilitar la vida de las personas mayores. Actualmente quienes tengan más de 65 años y vendan su piso u otros activos tienen una exención fiscal para las plusvalías. El tope actual de la exención está en los 240.000 euros.

Fuentes conocedoras del proyecto explican que se trata de un marco que se quiere dejar preparado para que lo desarrolle el Gobierno de la próxima legislatura, aunque no se descarta que el Ejecutivo apruebe alguna de las medidas en un Decreto en las próximas semanas. En la presentación en Moncloa, Rajoy subrayó la “importancia capital” de este grupo social –8,3 millones de personas–, “que se han convertido en muchos casos en el soporte familiar”.