El Gobierno reforzará el control y las sanciones a las compañías foráneas que cometan fraude laboral en España. Para ello, el Ministerio de Empleo se ha comprometido a trasponer antes de que termine la legislatura la directiva 2014/67/UE sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios.
El plazo para adecuar la legislación española a la comunitaria vence a mediados de 2016, pero el Ejecutivo lo hará cuanto antes, al considerar prioritario que las multas sean “mas contundentes”, según fuentes gubernamentales.
El fraude laboral de los trabajadores de empresas extranjeras que se desplazan a España ocurre sobre todo en el impago de las cotizaciones a la Seguridad Social y en el llamado dumping–vender o trabajar por debajo de coste–.
A partir de ahora, el Ministerio de Empleo controlará las condiciones económicas y de realización de las operaciones de todas las empresas foráneas que transiten por España, que deberán declarar previamente a las autoridades laborales españolas cualquier servicio que vayan a realizar en el país, con lo que se obligarían a sí mismas a cumplir las exigencias laborales y sociales establecidas en la legislación española.
Las compañías que no lo hagan serán sancionadas. Las que se comprometan, pero no cumplan con la ley, también. Esto último es algo que ya está estipulado en la norma vigente, pero las asociaciones de transportistas –el sector que más sufre estas prácticas– no recuerdan ni una sola multa.
Y eso que la prácticas irregulares están muy extendidas, no sólo en el transporte, sino, también, en la construcción. No en vano, en los últimos años ha habido multitud de compañías españolas que se han deslocalizado a países como Rumanía y Bulgaria, aunque operan en España. Estas compañías ahorranuna gran suma en impuestos y costes laborales en los países del Este de Europa. Además, despiden a sus trabajadores en España y contratan en su país de origen, abonando salarios mucho más bajos, más típicos de esos países.
Esto ocurre sobre todo en el transporte de mercancías por carretera, de manera que se da la paradoja de que los camiones sólo viajan una vez al año al país en el que están dados de alta: para pasar la ITV.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) se reunió ayer con representantes del Ministerio de Empleo, que le anunciaron el compromiso de redoblar la lucha contra el fraude laboral. “Es una noticia positiva, ya que hoy por hoy no se imponen sanciones”, apunta a este diario Juan José Gil, secretario general de Fenadismer.
De hecho, fuentes del Ministerio de Empleo recuerdan que para poder sancionar hace falta que el resto de países comunitarios trasponga también la directiva. No en vano, esta ley europea dice, a las claras: “Es preocupante que los Estados miembros se sigan enfrentando a numerosas dificultades para cobrar sanciones y multas administrativas transfronterizas”, y añade que ello es “perjudicial para el correcto funcionamiento del mercado interior” europeo.
Lo que pide la UE
La directiva reclama que se apliquen al contratista defraudador “sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas”.
Según Fenadismer, la norma corre prisa, ya que “la deslocalización de las grandes empresas de transporte hacia países de la UE con menores costes de explotación de la actividad” está “ocasionando un impacto muy negativo para el tejido empresarial de transporte español (básicamente pequeñas empresas)”.
Precisamente, el Parlamento Europeo debatió ayer con la Comisión Europea las condiciones laborales –incluidas las cuantías del salario mínimo– aplicables al sector del transporte, aunque no trascendió decisión alguna.
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