El Congreso da luz verde hoy a la lista de morosos de Hacienda

El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba hoy la reforma legislativa que permitirá publicar antes de fin de año la lista de morosos de Hacienda.

La reforma de la Ley General Tributaria que, junto con la nueva normativa para publicar sentencias condenatorias de fraude fiscal, reforzará la acción de lucha contra el fraude tributario mediante la publicación de listados de morosos con la Hacienda pública.

El Gobierno había previsto publicar esta lista con los nombres de los contribuyentes que tienen deudas con el Fisco. antes de finales de año.

Hoy se debatirán las enmiendas que se introdujeron en el Senado a la modificación parcial de la Ley General Tributaria para dar luz verde a esta norma, que será remitida al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y posterior entrada en vigor.

La Cámara Baja debatirá únicamente las tres enmiendas que se han incorporado al texto durante su paso por el Senado, que por su escaso calado no supondrán un cambio de postura con respecto al proyecto de ley que los grupos de la oposición han mantenido durante toda su tramitación.

La reforma de la Ley General Tributaria permitirá publicar la lista de deudores con Hacienda, y en ella aparecerán personas y empresas con deudas y sanciones pendientes superiores a un millón de euros, que no hubieran sido pagadas en el plazo de ingreso voluntario. Se exceptúan las deudas aplazadas o suspendidas.

No se podrá conocer el nombre de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, tal y como reclamaban partidos de la oposición como el PSOE o la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que durante los debates previos han motivado en este hecho su rechazo a la reforma.

Se podrán saldar las deudas para no salir

La primera lista de deudores con la Administración se publicará en el cuarto trimestre de este año e incluirá a quienes, a fecha del 31 de julio de 2015, incurran en las circunstancias mencionadas.

Al establecer una fecha concreta, se abre la posibilidad de saldar antes las deudas para evitar aparecer en las listas.

Esta norma se complementa con la Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.

Esta ley, que permitirá que se publiquen datos esenciales de sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública, entrará en vigor en la primera quincena de noviembre.

Posteriormente, en el primer semestre de cada año natural se publicará un listado con aquellos que estén en dicha circunstancia el 31 de diciembre del año previo.

Las enmiendas que se debatirán

Las enmiendas que se votan pasan por autorizar a la Agencia Tributaria a recuperar ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario en cualquier supuesto en que, en cumplimiento del derecho comunitario, resulte procedente exigir su reintegro aunque no sea por una decisión de la Comisión Europea (CE), como ocurre con las ayudas regionales.

Además, se reduce de 1.500 a 250 euros la multa mínima por no utilizar los medios electrónicos a la hora de suministrar a la Agencia Tributaria información relativa a datos incompletos, inexactos o falsos que no hayan producido un perjuicio económico a las arcas públicas o cuando se trate de requerimientos individualizados de información.

Así, se mantienen las multas previstas por cada dato o conjunto de datos cuando no se usen medios telemáticos estando obligados a hacerlo pero se reduce de 1.500 euros a 250 la sanción mínima estipulada para equipararlas a otros supuestos infractores y garantizar el principio de proporcionalidad.

Más plazo para inspección

El proyecto de ley amplía asimismo a diez años el plazo para comprobar e investigar bases o cuotas compensadas o pendientes, o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar, y se extiende también a 18 meses el plazo de inspección general, limitándose las causas de suspensión del cómputo y eliminando las dilaciones no imputables a la Administración.

También se aprueba el procedimiento para liquidar administrativamente deudas tributarias aun cuando se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública y se adapta el procedimiento de recaudación de dichas deudas.

Al mismo tiempo, se mejora la regulación del método de estimación indirecta de las bases imponibles, especificando legalmente el origen de los datos a utilizar y su plena aplicabilidad tanto para la determinación de ingresos (ventas) como de los gastos (compras), con el fin de mejorar la lucha contra la economía sumergida.

Nueva infracción grave

También, se introduce una nueva infracción tributaria grave -como norma antiabuso- para sancionar la obtención de ahorros fiscales mediante actos ya declarados de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Sólo se podrá sancionar en los casos ya calificados previamente como abusivos por la Administración y en donde se haya dado reiteración. Así se pretende luchar de forma más eficaz contra la elusión más sofisticada.

Más agilidad

Por otra parte, se incluyen medidas para agilizar la actuación de los tribunales económico-administrativos y reducir la litigiosidad, promoviendo la utilización de medios electrónicos en todas la fases del procedimiento.

Con el mismo objetivo de reducir la conflictividad se amplía la facultad de los órganos de la Administración tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias con carácter vinculante.

También se prevé el desarrollo reglamentario de las obligaciones formales necesarias para hacer efectivo el Proyecto SII (Suministro Inmediato de Información), que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017 y que implantará un nuevo sistema de gestión del IVA basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales.

Así, después de cada facturación, los contribuyentes enviarán a la Agencia Tributaria el detalle de las facturas emitidas y recibidas, de tal manera que los libros registro se irán formando con cada uno de los envíos del detalle de las operaciones realizadas, lo que permitirá a Hacienda elaborar datos fiscales del contribuyente a efectos del IVA.

Ceder datos fiscales

En la primera fase en el Congreso, la norma fue modificada para permitir a la Agencia Tributaria ceder datos fiscales de los contribuyentes si sirven para localizar bienes embargados o decomisados en un proceso penal.

Igualmente, se incluyeron previsiones para trasponer la directiva de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, que prevé la obligación de las instituciones financieras de identificar la residencia de quienes tengan la titularidad o controlen determinadas cuentas financieras, y de trasladar dicha información a la Administración tributaria.

Finalmente, los 'populares' ha aprovechado este proyecto de ley para regular una nueva tasa que deberán pagar los explotadores o, en su defecto, los titulares de las centrales nucleares y demás instalaciones nucleares ubicadas en todo el país por contar con agentes de la Guardia Civil en sus instalaciones.

En concreto, el establecimiento de una unidad permanente de la Guardia Civil en el interior de una central nuclear o similar conllevará el pago un gravamen fijo de 61.053 euros por año y agente asignado, cantidad que se calculará de forma proporcional si el tiempo de prestación del servicio es inferior a doce meses.