La Comisión Europea hizo pública ayer su intención de retomar la armonización de la Base Imponible Única del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS), cuyo anterior proyecto de armonización fue rechazado en 2011 por países comunitarios como Reino Unido, Holanda, Irlanda y buena parte de los países del Este comunitario -Bulgaria, Eslovaquia, Malta, Polonia, República Checa y Rumanía.
La BICCIS que se plantea ahora forma parte de un paquete más amplio de reformas del Impuesto sobre Sociedades, y sus principales objetivos son simplificar y abaratar las actividades de negocios en el mercado único, además de constituir una importante herramienta en la lucha contra la elusión fiscal.
La BICCIS no aborda la fijación de los tipos del Impuesto, ya que este aspecto seguirá siendo un ámbito de soberanía nacional. Sin embargo, sí que creará un sistema de cálculo de la base imponible de las empresas transfronterizas más transparente y equitativo.
Junto al proyecto de BICCIS se presentan dos propuestas dirigidas a mejorar el actual sistema de resolución de litigios de doble imposición en la UE, así como a reforzar las normas ya existentes en materia de lucha contra las prácticas abusivas. Combinadas, estas medidas crearán un entorno fiscal simplificado y favorable a las empresas.
Una mirada nueva
Tras recabar la opinión de los Estados, las empresas, la sociedad civil y el Parlamento europeo, el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, señalaba ayer que "los ministros de Finanzas deben examinar este ambicioso y oportuno paquete de medidas con una mirada nueva, ya que creará un sólido sistema impositivo adaptado al siglo XXI".
Gracias a la BICCIS, las empresas contarán por primera vez con un código normativo único para calcular sus beneficios imponibles en la UE en su conjunto.
Para fomentar un progreso acelerado, esta normativa tributaria se ha desglosado en un proceso en dos fases. La base común puede acordarse con rapidez de modo que las empresas y los Estados miembros accedan a los beneficios fundamentales que se derivarán de ella.
La consolidación debería introducirse poco después y permitiría obtener todas las ventajas del sistema en su integridad.
En comparación con la anterior propuesta de 2011, el nuevo sistema se hace obligatorio para los grandes grupos multinacionales, aquellos con mayor capacidad para ejercer prácticas de planificación fiscal agresiva, garantizando de esta forma que las empresas con ingresos globales superiores a 750 millones de euros anuales serán objeto de gravamen donde realmente obtengan sus beneficios.
También, permitirá eliminar las lagunas asociadas al traslado de beneficios a efectos fiscales, al tiempo que incitará a las empresas a financiar sus actividades con recursos propios, recurriendo a los mercados en vez de entregarse al endeudamiento. Además, apoyará la innovación con incentivos fiscales para las actividades de investigación y desarrollo (I+D) vinculadas a la actividad económica real.
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