Bruselas insta a rebajar la fiscalidad del trabajo y subir impuestos verdes

La fiscalidad verde ha entrado de lleno en el debate tributario para quedarse. Un informe de la Comisión Europea señala que los Estados miembros podrían ingresar entre un 1% y un 2,5% del PIB si elevaran el peso de los impuestos verdes en su sistema tributario. Ello permitiría reducir la fiscalidad del trabajo, a través de rebajas en el IRPF o de las cotizaciones sociales. Si bien el informe no se centra en el caso de España, Bruselas ha recomendado insistentemente al Ejecutivo de Mariano Rajoy que recurra con mayor intensidad a la fiscalidad verde. En el mismo sentido, la comisión de expertos para la reforma fiscal asegura que existe mucho margen para ordenar y elevar los ingresos por la fiscalidad medioambiental, que actualmente está en buena parte en manos de las comunidades autónomas.
A pesar de que el año anterior el Gobierno ya puso en marcha un conjunto de impuestos sobre las actividades contaminantes, todo apunta a que la próxima reforma fiscal incluirá nuevos tributos medioambientales. España es el país de la Unión Europea que menos recauda por la fiscalidad medioambiental. "En la práctica, los impuestos municipales sobre la circulación de vehículos no siempre reflejan la eficacia medioambiental. Revisar los impuestos aplicados a los vertederos y a otros residuos y mejorar la política de precios del agua podría contribuir a la consecución de los objetivos ambientales y la consolidación fiscal", señalaba la Comisión Europea en un informe publicado el año pasado. Hacienda ya ha anunciado su intención de ligar el impuesto de circulación que recaudan los ayuntamientos a las emisiones contaminantes.
Además del informe de los expertos, otros estudios como el elaborado por Economics for Energy también proponen establecer nuevos tributos medioambientales a cambio de reducir la fiscalidad sobre el trabajo. Este organismo, que cuenta con el apoyo de la Universidad de Comillas, de Vigo, la Fundación Ramón Areces o empresas como Inditex, Santander, Gas Natural o Acciona, proponen impuestos sobre las emisiones SO2 y NOx, que son los principales causantes de la lluvia ácida. Una medida en este sentido podría llegar a recaudar 5.354 millones si se establecieran tipos elevado.
Por otra parte, la directiva europea para 2018 sobre los productos energéticos obligará a España a elevar los impuestos sobre el gasóleo A y el gas natural, una medida que Hacienda podría adelantar. Economics for Energy y también el informe de la comisión de expertos para la reforma fiscal reclaman fijar un marco tributario medioambiental más coherente en el conjunto del territorio frente a la situación actual, donde la aplicación de impuestos verdes varía mucho de una comunidad autónoma a otra.
Elevar la fiscalidad medioambiental puede suponer un incremento de los costes energéticos -una variable clave para la competitividad. Sin embargo, todos los expertos coinciden en que una medida en este sentido resulta positiva si se acompaña de una reducción de la carga tributaria sobre el trabajo.
La tendencia internacional y la literatura recomiendan rebajar la fiscalidad directa (IRPF o impuesto sobre sociedades) a cambio de elevar los impuestos ligados al consumo. Aun así, la comisión de expertos para la reforma fiscal rechaza elevar el tipo general del IVA hasta que sea posible rebajar las cotizaciones.