Bruselas impulsa un Impuesto de Sociedades común para la UE

Vuelve con fuerza el proyecto de crear una base común consolidada del Impuesto sobre Sociedades en la UE. La Comisión Europea relanzó ayer la iniciativa, que lleva estancada en el Consejo desde 2011, cuando era alentada por el tándem Merkel-Sarkozy en uno de los peores momentos de la crisis de la eurozona. El vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Vladis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Fiscalidad, Pierre Moscovici, presentaron ayer un plan de acción para introducir una Base Tributaria Consolidada Común del Impuesto de Sociedades (BTCC), que se hará en dos fases, dejando la consolidación para un segundo paso, al ser el elemento que más reticencias ha generado entre los países.

El plan permitirá a los Estados miembros mantener el tipo impositivo que consideren oportuno, cuando en 2011 uno de los objetivos del frente germano-galo era presionar a la entonces rescatada Irlanda para que subiera su tipo del 12,5%. El objetivo no es la armonización total del impuesto, subrayaron Dombrovskis y Moscovici, que presentarán la propuesta revisada en un plazo de 18 meses.

La lucha contra la ingeniería fiscal de las multinacionales es uno de los principales objetivos de la Comisión Europea que preside Jean-Claude Juncker, con lo que el proyecto de crear una base imponible común, de equiparar en último término las deducciones y exenciones que pueden aplicarse las empresas en cada Estado miembro gana atractivo para Bruselas, y también para países interesados en que las multinacionales no trasladen sus beneficios, la mayoría de los 27.

Así, la propuesta se apoya en el principio de que “todas las compañías, ya sean pequeñas, tengan carácter local o global, paguen su justa proporción de impuestos donde una empresa desarrolla realmente sus negocios y obtiene sus beneficios”, dijo Dombrovskis. La Comisión argumenta que, con una base común, todos los Estados miembros aplicarían las mismas reglas para calcular los beneficios imponibles de multinacionales. Sería el fin de regímenes preferenciales y opacos que existen actualmente en sistemas nacionales, como las resoluciones tributarias.

Se eliminarían las diferencias y lagunas entre países que las empresas pueden aprovechar y la posterior consolidación con la necesidad de complejos precios de transferencia, una de las principales herramientas para trasladar beneficios. De esta forma, el plan de acción también prevé “reformar” el sistema de precios de transferencia y aplicar reglas más estrictas para regímenes que ofrecen un trato especial para la propiedad intelectual como el Patent box [entre ellos, España].

En lo que respecta a la consolidación, el plan pretende que las empresas presenten su declaración del impuesto en el Estado que elijan, en un sistema de ventanilla única similar al que ya opera para el IVA desde el pasado enero. Además, las empresas podrán compensar pérdidas y ganancias en que incurran en toda la UE, lo que en la práctica sólo puede hacerse en Estados como Austria. En España había fórmulas para alcanzar cierto grado de compensación que se prohibieron en 2013 con el fin de la deducción por deterioro de cartera. Moscovici cifró los ahorros administrativos y de cumplimiento de la BTCC en cerca de 1.000 millones de euros al año.

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