Bruselas estudia si recurre la sentencia de las ayudas fiscales

Todavía es pronto para poner punto y final a la polémica de las ayudas fiscales a las empresas españolas que adquirían otras compañías en el extranjero. La Comisión Europea está todavía valorando la posibilidad de recurrir la sentencia en la que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) daba la razón a las empresas y al actual Gobierno español, al asegurar que estas bonificaciones fiscales no suponían una ayuda de Estado ilegal. Hay miles de millones de euros en juego.

“No hemos decidido todavía [...] Es una cuestión de interpretación y todavía estamos examinándolo”, dijo Vestager en una rueda de prensa, al ser preguntada por si prepara un recurso. La danesa ha heredado el asunto de sus dos inmediatos predecesores, Joaquín Almunia y Neelie Kroes.

“Es un caso de discriminación [...] Nosotros alegamos que como sólo se pueden comprar empresas extranjeras, había un problema de no tratar a los iguales de forma igual”, afirmó la comisaria. Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró que la Comisión Europea no había demostrado que ese sistema de ayudas estuviera restringido a un determinado grupo de empresas, ya que estaba abierto a cualquier compañía que cumpliera los criterios: haber adquirido una participación superior al 5% de una empresa extranjera. En ese caso, la compradora podía amortizar el fondo de comercio de la adquirida, con lo que reducía su beneficio contable y, en la práctica, pagaba menos impuestos.

La Comisión Europea tomó tres decisiones contra este sistema de ayudas y obligó a las empresas que lo habían aplicado a abonar los impuestos pagados de menos. Entre ellas se encuentran casi todos los pesos pesados del Ibex 35. Compañías como Telefónica, Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Abertis o Ferrovial utilizaron este mecanismo para financiar su expansión exterior.

Sin embargo, la justicia europea anuló el pasado 7 de noviembre dos de esas decisiones, y según fuentes jurídicas, hará lo mismo con la tercera, ya que está basada en los mismos argumentos. Esta última fue adoptada por Almunia apenas una semana antes de acabar su mandato, a pesar de que a los quinces días estaba prevista la publicación de la sentencia del TJUE. Solo esta tercera decisión tendría un impacto presupuestario de 8.000 millones de euros, según la Comisión.