Bizkaia revierte 15,2 millones de “vacaciones fiscales” a las empresas

Si el tremendo embrollo de las conocidas como 'vacaciones fiscales' vascas parecía que ya estaba más o menos resuelto, la situación es bien diferente. Ahora resulta que la Diputación Foral de Bizkaia ha tenido que revertir 15,2 millones a siete empresas que recurrieron las cantidades que se les exigieron como devolución de ayudas e intereses de demora por las mismas. Habrá que ver qué opina de esto la Dirección de la Competencia europea, ya que ha de estar conforme con las cantidades devueltas y saldadas con las empresas. Según el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) sobre las Cuentas de la Diputación vizcaína de 2012, una serie de empresas pusieron 'recursos de reposición' contra las liquidaciones que les cursó la Hacienda de Bizkaia para que devolviesen los incentivos a la inversión, más los intereses de demora generados. En concreto la Diputación ha aceptado los argumentos de siete empresas, lo que ha supuesto que se les ha revertido los 15,7 millones de euros indicados. La vía administrativa no es la única por la cual están recurriendo las empresas que se consideran perjudicadas por las Diputaciones Forales vascas, ya que las compañías se limitaron a acogerse a unos incentivos fiscales, teóricamente legales, condicionados a la ejecución de inversiones, y que después la Comisión Europea calificó de ilegales. Recursos judiciales También se están canalizando recursos por la vía judicial. En el caso de Bizkaia un primer grupo de 16 empresas recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) entre 2007 y 2011, vieron como a todas se les desestimabas sus demandas de reversión y algunas de ellas han llevado el caso ante el Tribunal Supremo. Después hay otro grupo de nueve empresas, que recurrieron a partir de 2011, que fueron compañías las que se les reclamó una liquidación complementaria sobre lo ya devuelto inicialmente. Por ahora el resultado de estos litigios ha supuesto que el TSJPV haya sentenciado a favor de la reclamación de dos empresas (sin que se conozca los importes afectados); en otros dos casos han dictaminado no acepta las reversiones y en otros cinco casos el asunto está pendiente de resolución judicial. En el caso de Gipuzkoa fueron once las empresas que recurrieron al TSJPV, en la mitad de los casos se rechazaron sus peticiones, quedando el resto pendientes de resolución. En el caso de la Diputación de Álava no se conoce que haya habido recursos judiciales, pero también hay que tener en cuenta que en este caso los informes del Tribunal Vasco de Cuentas (TVCP) van con mucho retraso, ya que el último publicado hace referencia a las Cuentas de 2010 (en Gipuzkoa llegan hasta 2011 y en Bizkaia hasta 2012). En Álava la verdadera polémica se desencadena a raíz de 2011 en que la Diputación, bajo la presión de fuertes multas de la UE, aceptó seguir las consignas de la Comisión Europea, de ahí que frente a los 87,75 millones recuperados inicialmente, ahora las cifras finales lleguen hasta los 334 millones. De ahí que seguro que a partir de 2011 habrá habido más recursos judiciales. Los polémicos incentivos Sin que haya cifras homologables oficiales se estima que fueron unas 300 empresas las que se beneficiaron de los polémicos incentivos a la inversión y que su coste económico para las mismas ha superado los 500 millones. Pero lo más sangrante para las empresas es que cerca de un 30 por ciento de lo que han tenido que pagar-devolver corresponden a intereses de demora, por un expediente demorado más de diez años por la negativa de las Diputaciones a enmendar su error. El primer expediente, las llamadas 'vacaciones fiscales', datan de 1993 y suponían la exención total del Impuesto sobre Sociedades para empresas de nueva creación. Bruselas cerró el caso en septiembre de 2011. Los otros dos incentivos datan de 1996: las 'minivacaciones fiscales', exención parcial de Sociedades para nuevas empresas durante cuatro; y el crédito fiscal del 45 por ciento para inversiones superiores a los 15 millones de euros. Unos 508 millones devueltos en total El cuadro adjunto muestra la información facilitada por las Diputaciones al TVCP sobre el dinero recuperado a raíz de los polémicos incentivos. Pero se trata de datos es incompletos, ya que la Comisión Europea en octubre de 2013 informó que la cantidad finalmente recuperada -acreditada por las Diputaciones- se elevaba a 508 millones. Bruselas se fijó en Euskadi a raíz de las ayudas dadaspara atraer a la multinacional Daewoo. Las multas y devolución de pagos en especie El País Vasco tiene el triste récord de atesorar las multas más altas de la Unión Europea en materia de ayudas públicas ilegales a empresas. En 2012 España, pero subsidiriamente el Gobierno vasco, fue condenado por el Tribunal de Justicia de la UE a una multa de 20 millones por haber incumplido durante 20 años la obligación de recuperar las subvenciones concedidas a la filial vasca de Magefesa (primero Indosa, luego Compañía de Menaje Doméstico y finalmente Euskomenaje). Después el pasado mes de octubre la Comisión pidió al Tribunal de Justicia de la UE otra condena récord, esta vez por 64,5 millones, por el incumplimiento de la exigencia de las devoluciones de las polémicas 'vacaciones fiscales', sobre la que aún no hay sentencia. Una vez que se sepa la cifra definitiva de la multa quedará por ver cómo se reparten el pago entre las tres Diputaciones Forales, ya que Bizkaia y Gipuzkoa no quieren asumir el coste de los retrasos de Álava. Por otro lado, a la hora de recuperar las ayudas de los incentivos fiscales la Comisión Europea accedió a que una parte de esas recuperaciones se hiciera mediante pago en especie. El primer pago en especie relevante se hizo desde Gipuzkoa, en 2008 una empresa efectuó la devolución , mediante una propiedad inmobiliaria, por valor de 44,8 millones (para abonar 30,8 millones de principal, más 13,9 millones de intereses). Después en 2012y 2013 ha sido la Diputación de Álava la que ha generalizado esta forma de devolución, a cambio de propiedades, ya que la crisis hace que muchas empresas no puedan asumir los pagos en metálico.