Muchas empresas han presentado solicitudes de aplazamiento a la Agencia Tributaria (AEAT) del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, cuyo plazo acabó el pasado jueves. Así lo trasladan fuentes empresariales y de sus asesores fiscales.
Este pago fue incrementado por el Gobierno el pasado 30 de septiembre al doble de lo que fue el año pasado (ya muy incrementado, se exigía el 12% del resultado contable) y casi al triple de lo previsto este año para recaudar 8.300 millones de euros extra y poder cumplir con el objetivo del déficit del 4,6% que exige Bruselas para este año.
La medida, además, quiere paliar el desplome de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades este año debido a la reforma fiscal y al fin de muchas de las medidas que incrementaron –precisamente– los pagos fraccionados. La caída era de cerca del 50% hasta junio, y de casi el 24% hasta agosto por efecto del ingreso de la Campaña del tributo de 2015, que se ha celebrado en julio.
El pago es ahora del 23% del resultado contable para empresas con una cifra de negocio de más de 10 millones de euros y del 25% para bancos y petroleras. Desde CEOE ya se había advertido de que esta medida, introducida en la mitad final del ejercicio, podía provocar problemas de tesorería en muchas empresas. De hecho, con este pago, la AEAT preveía ingresar 5.800 millones, ya que el de diciembre se prorratea con éste y será menos voluminoso.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, llegó a plantear a las empresas el escenario de pedir créditos a la banca al considerar que la financiación está barata.
La AEAT debe decidir ahora si todos los aplazamientos presentados son admitidos o no. En el caso de que los deniegue, el pago entrará en fase ejecutiva y deberá ser abonado de inmediato.
Fuentes de la AEAT trasladan que se va a seguir el criterio de una instrucción sobre aplazamientos de enero de 2014, que los ha declarado inadmisibles salvo excepciones muy tasadas.
En concreto, la AEAT pone en práctica desde enero de 2014 una instrucción que establece que las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de retenciones e ingresos a cuenta son “inadmisibles” ya que considera que el fin de esta práctica es “defraudatorio”. La Ley General Tributaria restringe al máximo las solicitudes de aplazamiento de retenciones pero una instrucción que lanzó Pedro Solbes en 2008 abrió la mano y permitió a las empresas aplazar el pago del IRPF de sus trabajadores cuando la crisis empezaba a endurecerse. Esta posibilidad acabó siendo una de las principales vías de financiación de las empresas con problemas de Tesorería, sobre todo de las que gestionan importante volúmenes de salarios, como los clubes de fútbol, muchos de ellos, en concurso. Los resultados de esta medida son elocuentes. El importe total de aplazamientos solicitados se incrementó un 17,6% entre 2010 y 2013, y el de retenciones de las empresas, un 91,5%.
Las excepciones a esta inadmisibilidad son, según establece el artículo 82.2 de la Ley General Tributaria, que el contribuyente “carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública”.
La AEAT será muy rigurosa en la interpretación de las excepciones, según explicó entonces la directora de Recaudación.
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