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Amenazan con subir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones

18 Marzo, 2014

Una de las propuestas de la comisión Lagares es que el Gobierno fije un tipo mínimo para el impuesto de Sucesiones y Donaciones que perciben las comunidades autónomas. Mucho nos tememos que ésta sea una de las propuestas que el ministro Cristóbal Montoro incorpore a la reforma fiscal que está preparando. Montoro ha dado varias señales de ser enemigo de la empresa privada y las familias españolas. En diciembre de 2013, nada más tomar posesión el Gobierno del PP, consiguió que el Consejo de Ministros aprobara un alza impositiva extraordinaria, justificada por la necesidad de restablecer el equilibrio financiero del Estado español.
Sin duda era necesario cortar la deriva de las finanzas públicas heredada del Sr. Zapatero. Sin embargo, el brutal aumento de la presión fiscal podría haber sido menos duro si se hubiera acompañado de verdaderos recortes del gasto público corriente y no sólo con la paralización de las inversiones públicas (excepto la del AVE a Galicia, región de origen del presidente del Gobierno y la ministra de Fomento). Esas medidas, no sólo minaron la confianza de los votantes del PP, fiados en el programa del Partido, sino que ahondaron y alargaron innecesariamente la crisis que atenazaba al país.
Montoro impuso al comité de expertos la condición de que cualquier cambio que propusieran no debía suponer una reducción de los ingresos públicos. Se olvidó de pedirles que estudiaran la posibilidad de más recortes del gasto público. El ministro de Hacienda, sobre todo si es catedrático de la asignatura, debería saber que uno de los principios elementales de su ciencia es que “el gasto total es el impuesto total”. En efecto, el gasto de las Administraciones Públicas en su totalidad se financia en última instancia con impuestos. No sólo el IRPF, el IVA y los especiales son impuestos, sobre el ingreso o el gasto. También son impuestos las contribuciones a la Seguridad Social, que los trabajadores soportan en forma de paro o de menores emolumentos. Igualmente es impuesto la inflación, éste sobre el dinero. La deuda pública acaba desembocando en una mayor carga tributaria. Durante su satrapía, el ministro no ha hecho otra cosa que elevar los impuestos, aumentar la deuda y permitir un crecimiento continuo del gasto, cuando la forma verdadera de aliviar la presión tributaria es reducir el gasto público.
Yo tenía la esperanza de que Montoro hubiese olvidado la filosofía económica de su juventud. Cuando le conocí pertenecía al ala socialdemócrata de UCD. En 1981, conseguí que TV2 emitiese “Libertad de elegir” de Milton Friedman, que yo había traído a España. La CEOE exigió que cada programa fuese seguido de una mesa redonda para “dulcificar” el mensaje de Friedman, considerado demasiado radical: el que ejerció de crítico de la serie fue precisamente Montoro, entonces director del Instituto de Estudios Económicos de la patronal. Desde su poltrona ministerial, no cesa de mostrar su lado populista, al hacer de “los ricos” el objeto de sus invectivas y exacciones.
Ahora tememos que acepte la propuesta del comité de expertos de exigir a las comunidades autónomas un tipo mínimo del impuesto sobre sucesiones y donaciones. El pretexto sería poner orden en la fiscalidad de las autonomías para así unificar el mercado nacional. La propuesta del comité ha causado alarma en la Comunidad de Madrid, que bonifica el 99% de ese impuesto cuando los beneficiarios son los descendientes naturales y adoptados, cónyuges, y ascendientes y adoptantes. Este régimen ha atraído a Madrid a muchos residentes de otras Comunidades, en especial de Cataluña y Andalucía, donde los tipos pueden pasar del 30%. Vista la política del Gobierno del señor Rajoy de intentar aplacar a los nacionalistas catalanes dándoles un trato fiscal de favor, es de temer que el ministro atienda a las protestas la Generalidad de Cataluña porque dice que Madrid practica el “dumping fiscal”.
La mejor fórmula para ir consiguiendo un régimen fiscal favorable a la actividad productiva en las diversas autonomías es “el equilibrio presupuestario más la rivalidad fiscal”. No se trata de que el Fisco obtenga más ingresos con menores impuestos, sino menos ingresos con muchísimo menores impuestos.
La Hacienda nacional debe contentarse con exigir a las comunidades autónomas unas cuentas equilibradas, o incluso un superávit que les permita devolver sus deudas como lo han hecho los Ayuntamientos. Si algunas comunidades eligen elevar impuestos, peor para ellas. Si otras siguen el camino de aligerar la carga impositiva mientras reducen el déficit, mejor para sus habitantes. Así atraerán inversores y contribuyentes de otros lugares de España donde les fríen a impuestos.