El consejo de ministros dará hoy luz verde a la solución extrajudicial pactada con PSOE y Ciudadanos para atajar de la manera más rápida posible el conflicto planteado por las cláusulas suelo y evitar colapsar los juzgados. El Real Decreto-ley será publicado en el BOE y dará un mes a la banca para organizarse internamente antes de su puesta en marcha.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado convencido de que los acuerdos entre la banca y los clientes serán mayoritarios. En su opinión, la posibilidad de perder en los juzgados y de ser condenado a pagar las costas judiciales en determinados supuestos es un “aliciente económico” para llegar a un acuerdo privado.
Los clientes tampoco tienen todas las de ganar en los tribunales. El fallo europeo no dice que las cláusulas suelo sean ilegales per se, solo aquellas que no aparecían resaltadas en los contratos y podían pasar desapercibidas. Si un afectado va al juzgado, lo primero que tendrá que dirimir el juez es si la cláusula es abusiva o no. La Audiencia Provincial de Sevilla acaba de emitir un fallo en el que da la razón a Unicaja y se la quita al cliente, revirtiendo así la sentencia del juzgado mercantil número 1.
El auto considera que el banco cumplió con su deber de “transparencia y claridad” en la comercialización de esta hipoteca, declara la validez de la cláusula suelo y condena al cliente al pago de las costas.
Críticas
El mecanismo judicial no ha generado un consenso político completo. Unidos Podemos criticó ayer que se deje a la “libre decisión” de los bancos qué cliente tiene derecho a la devolución del dinero y quién no.
La asociación Adicae valora positivamente la creación de este mecanismo extrajudicial, pero considera que el borrador que ha trascendido es ambiguo en algunos aspectos. Cita como ejemplo el artículo que habla de la obligación de informar a los clientes de su derecho a reclamar. Además, se lamenta de que no se haya legitimado a Adicae para realizar intervenciones colectivas de asesoramiento.
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